La clasificación errónea de los trabajadores se produce cuando un empresario califica a un trabajador como autónomo, como empleado exento o bajo otra clasificación que no es legalmente correcta, con el fin de eludir las obligaciones que conlleva la clasificación adecuada de dicho trabajador. Los trabajadores clasificados erróneamente suelen verse privados del pago de horas extras, de las garantías del salario mínimo, del seguro de desempleo, de la indemnización por accidentes de trabajo y de otras prestaciones y protecciones que la ley obliga a los empleadores a proporcionar.
En Nueva Jersey, se presume que un trabajador que presta servicios a cambio de una remuneración es un empleado. Recae sobre el empleador la carga de probar lo contrario, cumpliendo los tres criterios de la prueba ABC. La clasificación errónea no siempre es intencionada, pero siempre es un problema legal que debe resolver el empleador: el hecho de denominar a alguien «contratista independiente» en un contrato no lo convierte en tal según la legislación de Nueva Jersey.
Las consecuencias para los trabajadores pueden ser importantes. A un empleado clasificado erróneamente se le pueden haber denegado horas extras durante años, haber perdido prestaciones o haber pagado una carga fiscal mayor de la que habría tenido un empleado clasificado correctamente. La legislación de Nueva Jersey permite reclamar hasta seis años de salarios atrasados en casos de clasificación errónea, un plazo significativamente mayor que el de dos años previsto por la legislación federal.
